La Policía Nacional detiene a 42 personas de cinco clanes familiares pertenecientes a una organización criminal dedicada al hurto en España usando mujeres y menores como gancho
Parecían abrazos y caricias. Las mujeres, jóvenes, simpáticas, bien vestidas y mimetizadas con el ambiente paseaban por las calles de Marbella. De repente, se acercaban a algún hombre mayor para preguntarles alguna dirección o pedir ayuda mientras se mostraban cariñosas. Las víctimas, que generalmente superaban los 80 años, no sabían que era una artimaña para robarles el reloj, la cartera o algún otro objeto de valor. El escenario se repetía en otros puntos de la provincia de Málaga, pero también en localidades de Levante. La policía investigaba muchos de estos robos, conocidos como hurto cariñoso, hasta que pudieron averiguar que quienes los cometían actuaban en equipo y con una “enorme estructura” detrás. Ahora, tras una compleja investigación de 15 meses, la Policía Nacional ha conseguido desarticular esta banda con la detención de 42 personas ―38 en España, tres en Rumanía y una más en Portugal―. Los nueve cabecillas están ya en prisión provisional, cinco de ellos en cárceles españolas. Habían logrado una fortuna de 1,1 millones de euros. Eurojust, organismo europeo de coordinación policial, asegura en una nota de prensa que la banda había acumulado en los últimos años 6.000 denuncias por este tipo de robos.
“Málaga era la provincia más castigada por la organización”, cuenta Alberto Estévez, inspector de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Solo en 2019 se les imputa la comisión de 100 hechos delictivos en la Costa del Sol. Fue precisamente el incremento de hurtos en Marbella el inicio de la llamada operación Belato. “Unimos patrones y vimos que había detrás una organización”, ha explicado el agente. La banda ha sido descrita como jerarquizada, hermética, unida por fuertes lazos familiares y carente de fisuras internas. “Las primeras pesquisas evidenciaron que sus integrantes llevaban mucho tiempo operando, puesto que a ninguno de ellos se le conoce actividad laboral alguna, al tiempo que su nivel adquisitivo y de vida era muy elevado”, han explicado desde la Policía Nacional.
Las mujeres eran el último eslabón y parte indispensable del modus operandi del grupo criminal (17 de ellas han sido arrestadas). Sin embargo, alrededor existía una importante y bien definida estructura dependiente de cinco clanes familiares asentados en la ciudad de Tăndărei, al sureste de Rumanía y con unos 12.000 habitantes. Allí vivían los jefes con una vida ostentosa y lujosa, mientras que sus hijos y nietos ―algunos menores de edad― residían principalmente en Getafe ―además de Parla y la capital― en pisos y de una manera más austera. Muchos tenían antecedentes y habían sido detenidos hasta 12 ocasiones por hurtos. Si hacía falta, utilizaban la violencia: a una de las víctimas le cortaron un dedo con una puerta y a otra la dejaron ciega de un puñetazo. También había menores implicados ―tres detenidos― que aprendían las técnicas de robo de sus mayores. Empezaban como carteristas y acababan robando relojes de alta gama y joyas. Incluso se hacían pasar por una asociación de sordomudos. Dos de los menores han ingresado en un centro de reforma.
“Un servicio de logística espectacular”
Desde la sede central de la Comunidad de Madrid se coordinaban a los diferentes grupos que realizaban campañas de hurtos en distintos puntos de la provincia de Málaga, aunque también existía una delegación en Molina del Segura (Murcia), zona hacia la que estaban expandiendo el negocio. Lo habitual es que varios de los integrantes alquilasen una casa rural en zonas tranquilas ―como Antequera, Vélez-Málaga o Torre del Mar― y, desde ahí, se desplazaban en coche hasta diferentes ciudades de la Costa del Sol en un radio de hasta cien kilómetros para realizar sus hurtos. Una vez acumulados los objetos robados, un vehículo se acercaba hasta la vivienda alquilada para recoger la mercancía y trasladarla en dobles fondos. Algunas veces, la vendían en Madrid ―donde fundían el oro y borraban los números de serie de relojes― y enviaban las ganancias a Rumanía. Otras, el material era enviado directamente a los jefes en Rumanía, donde blanqueaban las ganancias. Mientras tanto, el grupo cambiaba de ubicación y comenzaba de nuevo el proceso. “Tenían un servicio de logística espectacular”, destaca Victoria Serrano, inspectora de la UDEV.
Una de las claves de esta operación ―denominada Belator― ha sido el estudio patrimonial y económico de los principales integrantes de los clanes familiares y su entorno cercano. El valor medio de los objetos robados rondaba los 10.000 euros, aunque hay relojes intervenidos que alcanzan un precio de 45.000 euros en el mercado. El dinero amasado, que supera el millón de euros ―una importante fortuna en Rumanía, donde el salario mínimo ronda los 400 euros― era trasladado hasta la localidad de Tăndărei, donde los clanes familiares ejercían de patriarcas. Aunque no ostentaban su patrimonio en España, la policía ha embargado hasta 335 vehículos de alta gama en España ―a nombre de terceras personas que ejercían de testaferros― y 20 en territorio rumano, donde tenían 10 mansiones de lujo y numerosas cuentas bancarias y activos financieros. Además, en los 12 registros realizados se han incautado de 66 relojes de lujo, 264 piezas de joyería, 41.000 euros en efectivo, 92 teléfonos móviles, diversas armas de fuego y 10 vehículos de alta gama, entre otros efectos.
“Los delitos contra la propiedad son una de las principales preocupaciones de Europol”, ha explicado Obidiu Tuma, analista de este cuerpo policial que ha colaborado en la operación junto a Eurojust (la banda tenía ramificaciones en Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia. La investigación principal ha sido desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) de la Comisaría General de la Policía Judicial, la UDEF/UDEV de la Comisaría Provincial de Málaga, diversas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y la Comisaría Local de Mérida, además de la colaboración de agentes rumanos.
